La petición hecha por algunos congresistas, entre ellos del Polo Democrático y del Partido Liberal , para que se establezca la legalidad de las propiuedades que aparecen a nombre del generaL Santoyo, exjefe de seguridad de palacio en el gobierno Uribe, es algo que no debe caer en el vacío.
Las autoridades competentes tienen el deber de establecer la legalidad de esos vienes debido a sus altos costos lo cual ha llevado a considerar que con el salario de un general no es posible su adquisición.
La petición en tal sentido ha surgido a raíz de la investigación que se le adelanta en Estados Unidos por su presunta vinculación a carteles del narcotráfico colombiano y de los cuales habría recibido costosas haciendas y lujosos apartamentos como compensación de las informaciones que éste les suministraba para su mejor desenvolvimiento en sus acciones delictivas.
Iván Cepoeda, uno de los solicitrantes de la mencionada investigación considera así mismo que la mayoría de altos oficiales en Colombia pooseen propiedades imposib le de adquirir con sus ingresos normales, además de la vida de lujo que éstos llevan.
