En un país de abogados y leyes como Colombia, los diveresos argumentos jurídicos para oponerse o defender un marco jurídico para la paz propuesto por el gobierno de Juan Manuel Santos, son diveresos y vcálidos todos, pero hay una realidad, se hace imperativo hallarle una pronta salida a un conflicto que ha llenado de sangre a la nación por más de cincuenta años.
Tanto el Procurador Alejandro Ordóñez, como otros voceros que hicieron uso de la palabra en el foro de la Corte Constitucional, fueron enfáticos al señalar que, a quienes han cometido delitos de lesa humanidad hay que perseguirlos judicialmente hasta someterlos a la ley y paguen por sus hechos delictivos.
El Fiscal General Eduardo Montealegre se hizo a la orilla contraria, y está entre los que consideran que el derecho no puede seguirse alzando como obstáculo infranqueable en la búsqueda de la paz.
El tratar de judicializar a los miles de miembros de la subversión im plicados en graves delitos, como ocurrió con los paramilitares, , seria una enorme tarea y lo que finalmente haría fracasar el proceso , de acuerdo a quienes respaldan su marco jurídico.
Entonces, sería preferible el perdón , más no el olvido, o aceptar que Colombia, como lo indicó el Fiscal Montealegre, acumele otros doscientos cincuenta mil muertos por no ser capaces de llegar a un cabal entendimiento que facilite el alto definitivo a una guerra que ha venido afectando a generaciones tras generaciones? Que el país de leyes de Santander no sea el que siga privando a Colombia de una paz definitiva y necesaria.
Un marco jurídico para la paz, es una necesidad apreemiante para Colombia, para que se le ponga fin a una guerra que hasta ahora lleva más de doscientos cincuenta mil muertos, la mayoría puestos por los paramilitares, en segndo lugar la ssubversi´´on y en tercer témino, el ejército.
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