Quien abusa de su autoridad entra en el rango del despotismo y por consiguiente, se convierte en un déspota.
En tan desagradable rango ha caido un funcionario cuya elección y posterior reelección se cumplió, de acuerdo a diversas quejas, en medio de irregularidades; entre otras, con la entrega de cargos a familiares de quienes debian votar por él, además del consenso logrado previamente por su jefe entre congresistas de su alianza política.
Como representrante del ministerio público, Alejandro Ordóñez está en el deber de cumplir con la vigilancia del buen actuar de cada funcionario del estado, y eso es correcto. Lo incorrecto es que, valiéndose del poder que le otorga la constitución, y haciendo creer que procede ajustado a la ley, aplica sanciones contra todo aquel que , de acuerdo a su personal y obseso criterio, ha cometido una falta.
Rodeado de imágenes religosas, la biblia en la mano y en el teléfono la voz de su jefe, Alejandro Ordóñez ha llevado al ostracismo político a todo aquel que ha sido señalado de libre pensador, de practicar una filosofía marcada por lo social.
En sus garras han caido no solo personajes impliados en paramilitarismo , sino algunas figuras de la vida nacional como es el caso de Piedad Córdoba, contra quien esgrimió argumentos solo válidos en su inquisitorial criterio, y ahora ha enfilado baterias contra Gustavo Petro, acusándolo de diversos delitos cuando en la realidad, no es más que un afán eminentemente político.
Con sus argumentos jurídicos está acabando con la vida política de eminentes colombianos cuyo pecado es pensar diferente a él y a su jefe. Como es consciente que está actuando de manera caprichosa, arbitraria, no le queda más que refugiarse en la biblia, para intentar aliviar su maltratada conciencia.
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